Es una herramienta de protección de caudal existente en el Código de Aguas, que permite por decreto supremo al Presidente de la República o el Ministro de Obras Públicas, reservar el agua que fluye por un río, con fines de abastecimiento a la población, preservación ecosistémica, circunstancias excepcionales y de interés nacional. Limitando así, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas ante usos que amenazan el alcance de dichos objetivos.